Buscan elevar a rango constitucional el derecho a una vida libre de corrupción en Sinaloa
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El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa presentó este martes una iniciativa con proyecto de decreto para que se reconozca el derecho a una vida libre de corrupción y a la buena administración.
En medio del contexto de crisis de seguridad, política y social que enfrenta la entidad, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reconocer en la Constitución local el derecho humano a una vida libre de corrupción ya la buena administración.
La propuesta fue ingresada este martes ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado por las y los integrantes del CPC: Lucía Irene Mimiaga León, Raquel Zapien Osuna, Emmanuel Espinoza Salcido, Carlos Corrales Díaz y César Miguel Valenzuela Espinoza.
La iniciativa plantea reformar el artículo 4º Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a los derechos humanos de la ciudadanía, al considerar que la corrupción y la mala administración pública han vulnerado garantías fundamentales, además de profundizar desigualdades sociales y económicas.
El CPC destacó que tratados internacionales suscritos por México, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reconocen que este fenómeno debilita a las instituciones encargadas de brindar seguridad, impartir justicia y garantizar el desarrollo sostenible.
Con esta reforma, se busca establecer mayores herramientas jurídicas para que la ciudadanía pueda defenderse frente a actos de corrupción cometidos por autoridades que vulneren principios constitucionales como legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
De aprobarse, Sinaloa se convertiría en la quinta entidad del país en reconocer este derecho dentro de su Constitución local, sumándose a Baja California, Tabasco, Durango y Michoacán.
El Comité hizo un llamado a la LXV Legislatura del Congreso del Estado para dar curso y celeridad a esta iniciativa ciudadana, al considerar que representa un avance en la protección constitucional y el acceso a la justicia para las y los sinaloenses.
