En la última década, México ha avanzado en materia de transparencia y acceso a la información pública, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la reducción de los índices de corrupción, afirmó la Presidente de Ceaip, Rosy Lizárraga Félix, durante la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, del que forma parte.
Recientemente y según el informe del Proyecto Mundial para la Justicia (World Justice Proyect), el país se colocó en el lugar 102 de un total de 113 peores evaluados, con una calificación apenas superior a la de Venezuela, lo que demuestra muy altos niveles de corrupción, indicó.
“Se ha conocido de actos de corrupción a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que evidencia que puede ayudar a detectar las problemáticas en procedimientos o trámites gubernamentales para prevenir dichos actos, enriquecidos por la sociedad civil”.
Señaló que los actuales marcos normativos tanto de transparencia como de anticorrupción, otorgan la facultad sancionatoria en contra de todos aquellos servidores públicos que cometan actos de corrupción, tanto graves como no graves.
Agregó que solo con la consolidación de ambos sistemas (de transparencia y anticorrupción), se podrá avanzar en disminuir los altos niveles de impunidad que todavía prevalecen en México.
Por una parte el Sistema Nacional de Transparencia permite prevenir actos de corrupción o conocer los mismos a través del ejercicio del derecho a la información pública y la rendición de cuentas que propicia, mientras que a través del Sistema Nacional Anticorrupción se busca también prevenir, se detecta y se sanciona; sus destinatarios son principalmente servidores públicos, detalló.
Ambos son complementarios en el control de la corrupción y en lograr una sociedad más democrática y equitativa, pero únicamente si trabajan de manera coordinada se alcanzarán dichos objetivos, aclaró la Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) en Sinaloa.