La Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas, propone expedir la Ley de Consulta a las Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios del Estado de Sinaloa, se dio lectura ante el pleno en el Congreso del estado a esta iniciativa.
La iniciativa de Gildardo Leyva Ortega, presidente de la Comisión tiene como objeto crear un instrumento de diálogo intercultural y de construcción de consensos entre el Estado y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a través de un programa de consulta normado, que articule los esfuerzos interinstitucionales, de los poderes y de los municipios y regule las consultas en su fase de diseño, planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación.
El proyecto de ley precisa las materias de consulta, las de carácter administrativo como las de tipo legislativo, de participación ciudadana y electoral que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía.
Así como aquellas que impacten sus peculiaridades culturales y forma de vida como la convivencia, organización social, cultural, política, sus sistemas normativos de regulación y solución de conflictos internos, la elección de sus autoridades o representantes, la preservación de sus lenguas, la conservación, mejora e integridad de sus tierras, entre otros.
Indica que es justo y pertinente que los programas y políticas públicas tengan un enfoque pluricultural y multiétnico genuino para poder garantizar su inclusión al desarrollo.
También expone la necesidad de que Sinaloa cuente con un instrumento jurídico que le permita dar pleno cumplimiento a la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas con normas que regulen y transparenten esos procesos, para que su credibilidad y legitimidad ayuden en la construcción de consensos entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas.
Dentro de sus objetivos se encuentra el fomentar las acciones necesarias que garanticen el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la gestión, toma de decisiones, servicios e información pública, respetándose siempre los preceptos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conocer la opinión, la perspectiva, o las aportaciones de las comunidades indígenas acerca de los temas a asuntos de trascendentes, relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentar medidas legislativas, administrativas o políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas.
Otros elementos a destacar que se consideran son los convenios de coordinación entre autoridades para realizar la consulta cuando por la naturaleza del acto se requiera.
La iniciativa que propone la Ley de Consulta a la Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios del Estado de Sinaloa está integrada por seis capítulos, cuarenta artículos naturales y seis artículos transitorios, y se remitió para su segunda lectura de Reglamento.
Con la instrumentación de esta iniciativa se pretende lograr acuerdos o consentimiento libre, informado y previo con el Estado en relación a las medidas legislativas o administrativas que les sean aplicables y que pretenden implementarse en sus territorios y afecten directamente sus intereses colectivos, en los términos de esa Ley.
