En febrero se iniciará en Sinaloa un censo del número de desplazados de pueblos por la violencia, tener un dato certero y ver en qué condiciones se encuentran, informó el Secretario de Desarrollo Social del estado Alvaro Ruelas Echave.
Acompañado con representantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines, en conferencia de prensa señaló que se estima que por lo menos hay 2 mil personas se han visto obligadas a salir de sus poblaciones de la entidad, y que una vez realizado el censo, que estará a cargo de la Universidad Autónoma de Occidente, la cifra podría ser superior.
Los compromisos del gobierno estatal son rendir los primeros resultados del censo el próximo mes de febrero, y comenzar con la entrega de apoyos sociales de manera simultánea a la aplicación del estudio, explicó.
Comentó que tendrán como punto de referencia los hechos de enero de 2012 que provocaron la huida de cientos de pobladores serranos de los municipios de Choix y Sinaloa.
Surge la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reconoce a 2,038 personas en situación de desplazamiento forzado.
“Entonces ya se establece una base mínima que tendríamos que atender; claro, tendremos que garantizar que se respeten los derechos de cualquiera que, como parte de eso, haya tenido que desplazarse de su lugar de origen y, como consecuencia de ese desplazamiento, hay tenido una pérdida o algún daño”, dijo.
Recordó que se reunió con representantes de los desplazados en el sur de Sinaloa sobre la firma de conformidad, el protocolo junto con la Universidad para empezar a trabajar en el censo, evento que se llevará a cabo en Culiacán.
Los representantes de la organización que representa a los desplazados en la zona sur, señalaron que se tienen registradas mil 800 familias en todo el estado con una representación estatal de los desplazados que consta de tres personas, y lo importante es homogeneizar una misma postura, entre los citados municipios con los de Badiraguato, Sinaloa (de Leyva) y Choix que tienen este asunto.
Es decir, ponerse de acuerdo para la realización de las acciones de manera ordenada para que los recursos que aprobó el Congreso a la Secretaria de Desarrollo Social estatal (30 millones de pesos) se puedan aplicar de manera equitativa.
“No vamos a permitir ni el gobierno que haya algún tipo de abuso o gente que quiera aprovecharse de esta situación, ayudar a las personas de desplazamiento forzado”,afirmaron.
Afirman que siguen problemas de violencia. Los puntos de mayor problemática están en los municipios de Concordia y El Rosario.
Los primeros beneficiarios serán las víctimas directas, el resto posteriormente, víctimas indirectas.
“Estamos esperando de qué manera el Gobierno Federal atiende en particular estas regiones de Sinaloa para avanzar también en detener las rachas de violencia que se dan constantemente y que se pueda ir aceptando la situación para que los programas que se están impulsando por parte de los 3 niveles de gobierno puedan ser utilizados correctamente para genera tranquilidad en la población”, señaló uno de los representantes de los desplazados.
La mayor parte del desplazamiento forzoso de familias de la sierra de Concordia habita en el municipio de Mazatlán.
