¡Hay más desplazados! Graciela Domínguez admite que violencia expulsa a más familias en Sinaloa
*La gobernadora Graciela Domínguez Nava solicitará un nuevo estudio a la Universidad Autónoma de Occidente para conocer cuántas familias han abandonado sus hogares por la violencia y en qué condiciones viven.
*El registro estatal supera las 3 mil familias, pero la mandataria reconoce que la cifra es insuficiente; promete reforzar la atención en vivienda, educación, salud y seguridad.
*En el fraccionamiento CVIVE de Mazatlán, familias desplazadas plantearon sus necesidades al Gobierno estatal, que busca acelerar soluciones para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad.
Huir para salvar la vida, abandonar la casa, las pertenencias y la comunidad para comenzar de nuevo en otro lugar. Esa es la realidad que enfrentan miles de familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, un problema cuya dimensión todavía no logra precisar el propio gobierno estatal.
La gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que el número de familias desplazadas supera las 3 mil registradas oficialmente y anunció que buscará realizar un nuevo estudio en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con el propósito de conocer cuántas personas viven actualmente en esta condición y cuáles son sus necesidades.
Durante una visita al fraccionamiento CVIVE, en Mazatlán, donde se han instalado familias desplazadas, y en donde de forma simbolica entrego 60 terrenos al mismo numero de familias de desplazados, la mandataria admitió que el desplazamiento forzado ha aumentado en el país y que Sinaloa no ha quedado al margen de esta problemática.
“Entendemos que no son 3 mil familias, debe de haber mucho más”, reconoció al explicar que el padrón estatal se alimenta mediante un registro voluntario, circunstancia que podría dejar fuera a numerosas familias que no se han inscrito.
La declaración pone sobre la mesa uno de los principales desafíos de la atención a víctimas de la violencia: conocer la dimensión real del problema para que las políticas públicas, los apoyos y las soluciones respondan a las necesidades de quienes tuvieron que abandonar sus hogares.
UN PADRÓN QUE NO REFLEJA TODA LA CRISIS
Domínguez Nava explicó que el Gobierno de Sinaloa mantiene un registro de las familias desplazadas, pero consideró necesario revisar los mecanismos de inscripción para generar mayor confianza entre quienes temen que sus datos personales puedan ser expuestos.
La gobernadora señaló que el nuevo estudio permitiría contar con información más precisa y establecer mejores mecanismos de atención. Para ello, planteó replantear el convenio con la UAdeO y actualizar el diagnóstico sobre las condiciones en que viven las familias y la situación que enfrentan las comunidades de las que salieron.
El reto no se limita a contabilizar hogares abandonados o personas que cambiaron de residencia. También implica identificar las necesidades de vivienda, educación, salud y seguridad de quienes han tenido que reconstruir su vida lejos de su lugar de origen.
Vivienda, escuelas, salud y seguridad: las demandas
En el caso de las familias asentadas en el fraccionamiento CVIVE, la mandataria informó que acordaron realizar una visita de seguimiento para revisar los planteamientos que han presentado.
Como parte de la atención educativa, mencionó la instalación de un aula móvil para garantizar los servicios escolares a niñas y niños afectados por el desplazamiento.
La estrategia, indicó, contempla también atender necesidades de vivienda, salud y seguridad, con el compromiso de profundizar las acciones para ofrecer soluciones en menor tiempo.
Domínguez Nava recordó que Sinaloa cuenta con una ley de atención al desplazamiento forzado, aprobada en 2020, y sostuvo que el objetivo es que las familias puedan regresar a sus comunidades y reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad y seguridad.
Sin embargo, el desafío sigue siendo convertir los compromisos y los registros administrativos en respuestas concretas para quienes perdieron su hogar o tuvieron que alejarse de sus comunidades ante el riesgo que representaba permanecer en ellas.
La dimensión del desplazamiento sigue sin estar clara
La actualización del padrón será clave para determinar cuántas familias necesitan atención, dónde se encuentran y qué condiciones enfrentan actualmente.
Mientras tanto, el reconocimiento de que existen más familias desplazadas de las que aparecen en el registro oficial evidencia la necesidad de contar con información confiable y mecanismos de atención que alcancen también a quienes, por temor o desconfianza, no se han inscrito.
Para estas familias, el problema no termina al llegar a Mazatlán o encontrar un lugar donde refugiarse. La reconstrucción de sus vidas exige vivienda, acceso a servicios, oportunidades para sus hijos y, sobre todo, condiciones de seguridad que les permitan decidir si pueden regresar a sus comunidades.
El nuevo estudio anunciado por la gobernadora buscará dimensionar esa realidad. La tarea pendiente será que el diagnóstico se traduzca en respuestas oportunas para quienes han tenido que dejar atrás sus hogares a causa de la violencia.
