Aprueban programa “Mazatlan No cierra”para rescate de negocios. Proponen apoyos de hasta 20 mil pesos

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Sinmurosnews

*El programa temporal contempla un escenario presupuestal de 10 millones de pesos, apoyos de hasta 20 mil pesos por establecimiento y medidas para proteger empleos y reactivar pequeños comercios.

*La propuesta aprobada plantea un diagnóstico de los sectores afectados, acompañamiento administrativo y coordinación en materia de seguridad; las dependencias tendrán 15 días hábiles para presentar un informe preliminar.

*Sin favoritismos políticos ni obligación de pertenecer a cámaras empresariales, el proyecto busca construir una alternativa para comerciantes y negocios familiares que enfrentan el riesgo de bajar definitivamente sus cortinas.

Por Jose Romero Mata

El Cabildo de Mazatlán aprobó un punto de acuerdo para estudiar la viabilidad de un programa temporal que contempla apoyos de hasta 20 mil pesos por establecimiento y un escenario presupuestal de 10 millones de pesos; la propuesta busca evitar cierres, proteger empleos y reactivar la economía local.

La crisis económica que golpea a Mazatlán ya no solamente se refleja en las ventas bajas: amenaza con llevar a pequeños comerciantes, empresarios familiares y prestadores de servicios al cierre definitivo de sus negocios. Frente a ese escenario, la regidora Wendy Barajas Cortés llevó al Cabildo una propuesta que fue aprobada por unanimidad, y que pone sobre la mesa una exigencia concreta: que el ayuntamiento deje de mirar de lejos las dificultades del sector productivo y comience a construir alternativas para evitar que más establecimientos desaparezcan.

Con la aprobación del punto de acuerdo para impulsar el programa temporal “Mazatlán No Cierra”, la edil abrió la discusión sobre la responsabilidad del gobierno municipal frente a una crisis que golpea directamente a quienes sostienen buena parte de la economía cotidiana del puerto: pequeños comercios, restaurantes, talleres, hoteles y negocios familiares.

La propuesta no es menor. Plantea realizar un diagnóstico económico para identificar establecimientos afectados, negocios con suspensión temporal de actividades y aquellos que enfrentan un riesgo real de cerrar sus puertas, así como medir las consecuencias que esta situación tiene sobre el empleo y el ingreso de cientos de familias.

Pero el planteamiento de Wendy Barajas va más allá de un pronunciamiento político de solidaridad con los comerciantes. El punto de acuerdo establece la elaboración de un análisis técnico, jurídico y presupuestario para determinar si es posible implementar un esquema de apoyos económicos temporales de hasta 20 mil pesos por establecimiento, tomando como referencia un escenario presupuestal mínimo de 10 millones de pesos.

La propuesta también contempla acompañamiento administrativo para trámites y permisos, vinculación con programas estatales y federales, alternativas para la recuperación o reapertura de negocios y acciones preventivas de seguridad en las zonas comerciales.

Uno de los aspectos relevantes es que el programa no pretende convertirse en una bolsa de dinero entregada sin controles ni criterios. La iniciativa establece que cualquier eventual apoyo deberá contar con suficiencia presupuestaria, reglas públicas, mecanismos de comprobación, criterios de selección y fiscalización, evitando favoritismos políticos o preferencias por pertenecer a determinada cámara empresarial.

Incluso, plantea que la participación de comerciantes sea plural y voluntaria, sin obligarlos a estar afiliados a organismos empresariales para poder ser considerados.

El acuerdo también pone tiempos sobre la mesa. Las dependencias municipales involucradas deberán presentar, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, un informe preliminar que incluya metodología, sectores y zonas afectadas, estimaciones económicas y alternativas de atención.

La propuesta incorpora además a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la que se solicita informar sobre las acciones preventivas y mecanismos de atención a comerciantes en las zonas comerciales, reconociendo que la recuperación de la actividad económica también necesita condiciones de seguridad.

Ahora, el desafío estará en convertir el acuerdo aprobado en resultados concretos. Porque para un pequeño comerciante que enfrenta rentas, salarios, servicios, proveedores y una caída prolongada de ingresos, los diagnósticos no pagan las cuentas ni mantienen abierta la cortina de su negocio.

“Mazatlán No Cierra” coloca sobre la mesa una discusión que ya no puede postergarse: cómo evitar que la crisis económica termine cobrando como víctimas a los pequeños negocios y a las familias que dependen de ellos. La iniciativa abre una ruta institucional; ahora corresponde al Ayuntamiento demostrar si existe voluntad y capacidad para convertirla en una verdadera política de respaldo a la economía local.

 

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