FUNCIONARIOS NO DEBEN BLOQUEAR A CIUDADANOS POR HACER COMENTARIOS INCÓMODOS
En México y el extranjero servidores públicos que bloquearon en sus redes sociales a ciudadanos que los criticaron, tuvieron que desbloquearlos por orden de autoridades judiciales luego de amparos promovidos.
Así lo dio a conocer Salvador Romero Espinosa, Comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco, al señalar que aunque no hay regulación en esta materia se han presentado casos ante las instancias legales.
Romero Espinosa participó en Culiacán en actividades organizadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad San Sebastián.
En la UAdeO, Romero Espinosa presentó su obra “Redes Sociales, su relación con el derecho a la Información, libertad de expresión y privacidad”, la cual fue comentada por la catedrática Anabel Ibáñez.
Y en la Universidad San Sebastián, disertó la conferencia magistral “Redes Sociales y Privacidad ¿Qué sí y qué no?”. En ambas acciones participaron maestros y cientos de estudiantes.
En el marco de la presentación de la obra, Romero citó ejemplos de Estados Unidos, de la Republica de Costa Rica y en México de Veracruz y Sonora, donde los funcionarios bloquearon a personas por publicarles comentarios “incómodos”.
Las personas afectadas se fueron a las distintas cortes ante Jueces de Distrito y los servidores públicos alegaron que sus cuentas de redes sociales eran personales.
Las autoridades jurisdiccionales revisaron los casos y encontraron que si bien las cuentas estaban a nombre de los funcionarios y publicaban información y actividades personales, elemento que mostraron para advertir violación a la privacidad, también subían datos y opiniones relacionadas con sus actividades oficiales.
Por tal razón, las respectivas cortes validaron la violación del derecho constitucional al acceso a la información de las personas y ordenaron que los ciudadanos fueran desbloqueados de las redes sociales de los funcionarios.
Para un servidor público, el derecho a la privacidad se acota por su misma condición, y los proveedores de las redes manejan en sus contratos que las cuentas son similares a una propiedad del titular que hace uso de la misma, abundó.
La excepción a estos casos, expuso Salvador Romero, es que haya incitaciones a la violencia, amenazas, atentados a la moral por parte del ciudadano, no así las críticas al desempeño del servidor o servicio público que anuncien.
Por su parte el Presidente de la Ceaip, José Alfredo Beltrán Estrada, invitó a los jóvenes universitarios a ejercer el derecho de acceder a la información pública y cuidar sus datos personales, sobre todo en las redes sociales.
Señaló que de esa manera evitarán riesgos, generarán mayor conciencia colectiva y se lograrán formar mejores ciudadanos.
En eventos por separado y ante los directivos de las universidades Autónoma de Occidente Unidad Culiacán y San Sebastián, ofreció llevarles cursos de transparencia y protección de datos personales a los estudiantes y maestros.
